Uruguay fue fundado sobre la idea de “convivir sin miedo”, pero en los últimos años se registraron actos graves contra personas judías —vandalismo, pintadas nazis en sinagogas, agresiones físicas y hostigamiento a menores. El autor sostiene que el Estado debe condenar sin ambigüedades estos crímenes de odio, proteger a las víctimas y reforzar la educación cívica. Crédito foto: Gastón Britos / FocoUy
Cuando la discriminación se normaliza en el discurso, casi siempre termina en agresiones contra quienes perciben como vulnerables.
Uruguay construyó su identidad democrática sobre una idea básica pero poderosa: convivir sin miedo, pero esa idea empieza a sonar más ritual que real. En los últimos dos años emergieron hechos que exigen una reacción política clara. No hablo de polémicas menores ni de debates sobre terminología. Hablo de agresiones concretas, simbólicas y físicas, dirigidas a ciudadanos uruguayos por su identidad judía. Ese fenómeno requiere liderazgo político, no silencios estratégicos.
Los hechos son demasiado serios para relativizarlos. Se vandalizaron monumentos vinculados a la memoria judía, se pintaron sinagogas con símbolos nazis y se intervinieron muros del Cementerio Israelita y la Escuela Integral. Hubo marchas frente a colegios con hostigamiento explícito hacia niños y dos adolescentes fueron perseguidos en la rambla por ser judíos. Esos actos no pueden ser llamados “militancia”, deben ser llamado por su nombre: discriminación.
De hecho, lo que comenzó como un clima discursivo vinculado al atentado realizado por Hamás, el 7 de octubre de 2023, se trasladó a espacios simbólicos locales. Pasó de consignas en redes a actos contra símbolos comunitarios. Y terminó con amenazas directas a niños y adolescentes uruguayos. Cuando la discriminación se normaliza en el discurso, casi siempre termina en agresiones contra quienes perciben como vulnerables. La democracia debe actuar antes de que ese patrón se normalice.
Algunos actores políticos han evitado pronunciarse con claridad. Otros han relativizado los hechos en nombre de la libertad de expresión. Esa postura desconoce un principio básico: la libertad de expresión protege ideas, no agresiones. Criticar a al gobierno de Israel es válido y legítimo. Amenazar a un ciudadano judío es inaceptable y antidemocrático. Cuando sectores políticos confunden ambas cosas, habilitan una zona gris peligrosa para los derechos humanos.
La advertencia de la INDDHH debería haber generado un consenso político inmediato. Sin embargo, la respuesta institucional fue desigual y, en algunos casos, tardía. Ese vacío alimenta una narrativa inquietante: la idea de que ciertos ataques pueden tolerarse según el origen de las víctimas. Esa lógica contraviene toda la tradición democrática del país. Uruguay no puede permitir que la identidad determine el alcance de la protección estatal.
Defender a la comunidad judía no es tomar partido por el gobierno de Israel, es defender las reglas democráticas de Uruguay. Un país que acepta agresiones identitarias pierde autoridad para exigir igualdad. Un país que calla ante actos de odio habilita retrocesos graves en convivencia. La política tiene la obligación de fijar límites claros. No por simpatía comunitaria, sino por convicción republicana y respeto al pacto democrático.
Uruguay necesita una respuesta política firme y transversal. Debe condenar los actos antisemitas sin ambigüedades, fortalecer la protección a las víctimas y desactivar cualquier intento de justificar discriminaciones bajo consignas geopolíticas. La educación cívica debe reforzarse con urgencia. Y los partidos deben asumir que la tibieza es cómplice del deterioro democrático. La convivencia no es un valor decorativo. Es un compromiso que requiere valentía pública.
No se trata solo de la comunidad judía, se trata del país que queremos ser. Si Uruguay cede ante el odio, aunque sea en su expresión inicial, perderá la autoridad moral que siempre defendió. La democracia se sostiene cuando quienes la representan tienen el coraje de enfrentar sus amenazas. Ese coraje es ahora indispensable. Y el momento para ejercerlo es hoy, no después del próximo ataque.
Daniel Pérez es sociólogo, dirigente del Partido Independiente y especialista en políticas de empleo y relaciones laborales. Fue director nacional de Empleo y viceministro de Trabajo. Tiene más de 15 años de experiencia en diseño de políticas públicas, inclusión social y análisis del mercado laboral.
